¿Se puede regular el idioma desde decisiones políticas o administrativas?

22 de abril de 2026. Alonso W. Wright

Imagina el idioma como un inmenso organismo vivo que respira, crece y muta todos los días en boca de millones de personas. Cada vez que envías un mensaje, compartes un meme o hablas con tus amigos, estás participando en la evolución del español. Pero, ¿qué pasa cuando las instituciones intentan ponerle barreras a ese océano de palabras? ¿Puede un presidente prohibir una forma de hablar? ¿Debería un diccionario decirnos cómo tenemos que pensar?

Para entender este fascinante choque de trenes entre la lingüística y el poder, tenemos que adentrarnos en uno de los debates más candentes de nuestra época: la tensión entre quienes creen que el idioma debe ser regulado desde arriba y quienes defienden que la lengua es, y será siempre, de quien la habla.

 

Cuando la política intenta legislar la gramática

A lo largo de la historia, los gobiernos han utilizado el idioma como una herramienta para construir la identidad de un país o, en ocasiones, para frenar cambios sociales que consideran incómodos. La política lingüística no es más que el conjunto de leyes que un Estado aplica para gestionar cómo nos comunicamos.

Un ejemplo histórico de proteccionismo lo encontramos en Francia con la Ley Toubon de 1994, que obliga a utilizar el francés en la publicidad y los documentos oficiales para frenar la invasión del inglés y proteger la cultura nacional. Sin embargo, la intervención política puede ir en dirección contraria: no para proteger el idioma de influencias externas, sino para prohibir su evolución interna.

El caso más reciente y polémico lo ha protagonizado el gobierno de Argentina. En febrero de 2024, la administración del presidente Javier Milei prohibió tajantemente el uso del lenguaje inclusivo y de cualquier referencia a la "perspectiva de género" en todos los documentos de la Administración Pública. Mediante esta directiva, los funcionarios tienen prohibido usar la letra "e", la "x" o el símbolo "@" para neutralizar el género. El argumento oficial es que el castellano ya cuenta con estructuras suficientes y que el lenguaje inclusivo se ha utilizado como un "negocio de la política".

 

La RAE, ¿policía del lenguaje o notaria de la realidad?

Si los políticos legislan, ¿qué hacen los académicos? Constantemente vemos columnas de opinión en diarios debatiendo sobre si las redes sociales están causando una "deriva vulgar" del idioma. Aquí entra en juego el eterno debate de la filología: ¿las academias de la lengua deben ser prescriptoras (dictar normas sobre cómo se debe hablar) o descriptoras (limitarse a registrar cómo se habla realmente)?.

La Real Academia Española (RAE) funciona hoy en día mucho más como una notaría que como una institución normativa. Cuando una palabra o expresión es usada por la mayoría de los hispanohablantes durante el tiempo suficiente, la Academia termina aceptándola, porque "las costumbres se hacen leyes".

La RAE es una institución compleja. Para entender su rigor, basta observar un proceso donde eminencias de diversas áreas compiten por ocupar una de las 45 sillas vitalicias mediante votación secreta. Esta asamblea de expertos se dedica a rastrear la genética de nuestras palabras a través de proyectos titánicos que recopilan la evolución léxica basándose en decenas de millones de registros.

 

Cuando la sociedad presiona: el caso de "madrastra" o "huérfilo"

Pero la Academia no está aislada en una torre de marfil. Los hablantes, conscientes de que las palabras construyen realidades, también exigen cambios administrativos. Un caso fascinante de activismo semántico reciente es la campaña iniciada por Pri dos Santos a través de las redes respecto a la palabra "madrastra".

Si buscas "madrastra" en el diccionario, la segunda acepción oficial de la RAE dice: "madre que trata mal a sus hijos". Dos Santos argumenta que esta definición arrastra el estigma tóxico de los cuentos de hadas y no representa el rol fundamental, amoroso y de cuidado que muchas mujeres ejercen en las familias actuales. Su petición exige a la RAE que modifique administrativamente esta entrada para eliminar estereotipos injustos. Este caso nos plantea una pregunta: ¿debe el diccionario ser un simple espejo de los prejuicios de la sociedad, o debe ayudar a erradicarlos cambiando sus definiciones?

Otro caso podría ser el de la búsqueda de la palabra para denominar a los padres que pierden a un hijo. Huérfilo es la palabra que propone la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer para denominar a quienes han sufrido el dolor más grande: ver morir a sus hijos.

 

El reto del masculino genérico

Esta misma tensión entre la economía del lenguaje y la sensibilidad social es el motor del debate sobre el uso y alternativas del masculino genérico. Mientras que la gramática tradicional defiende que el plural masculino (ej. "los ciudadanos") ya engloba a todos los géneros para ahorrar esfuerzo lingüístico, una parte de la sociedad declara que lo que no se nombra, se invisibiliza.

Aunque las academias rechazan el uso abusivo del desdoblamiento ("los ciudadanos y las ciudadanas") por considerarlo pesado, y critican gráficas impronunciables como la "@" o la "x", sí avalan soluciones elegantes e inclusivas como el uso de sustantivos colectivos ("la ciudadanía" o "el personal"). Esto demuestra que el idioma es lo suficientemente rico para ser inclusivo sin necesidad de romper sus propias reglas.

La lengua es un campo de batalla fascinante. Los gobiernos pueden dictar leyes administrativas y las academias pueden publicar gruesos diccionarios. Sin embargo, al final, el idioma pertenece a las calles, a los patios de los institutos y a las redes sociales. Las autoridades pueden intentar encauzar el río, pero la fuerza del agua la ponemos nosotros, los hablantes.