Polémica en el Centro Lorca de Granada

04 de julio de 2015. El Independiente de Granada / El País / Estandarte.com

(Actualización del 2 de julio de 2015: según informa ‘El Independiente de Granada’, Laura García Lorca ha acusado a Juan Tomás Martín —exsecretario de la Fundación Lorca, despedido el pasado 30 de junio—, de haber cobrado 5 millones «tras ‘amañar’ su contrato para lograr más comisiones.»

(Actualización del 30 de junio de 2015: los miembros del Consorcio del Centro Federico García Lorca han anunciado que darán «la máxima prioridad a la apertura del Centro», pagarán a la constructora, continuarán «trabajando en las auditorías ya en curso» y ejecutarán «los llamados fondos del Espacio Económico Europeo». De igual forma, han puesto de manifiesto su «preocupación» por la gestión de la Fundación Lorca, convocando «a la mayor brevedad una reunión del Consejo Rector.»)

La literatura no permanece ajena, por desgracia, a las cuestiones del vil metal. Si hace algunos días te contábamos que el escritor Ildefonso Falcones ha sido acusado de fraude fiscal, ahora nos hacemos eco del escándalo en torno al Centro Lorca, que debería haberse inaugurado en Granada el pasado 5 de junio. El Centro Lorca está gestionado por un consorcio del que forman parte la Fundación García Lorca, el Gobierno, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Diputación.

Hemos recurrido al condicional simple porque el Centro Lorca permanece cerrado. Casi un mes después de esa hipotética apertura, el centro dedicado al mítico poeta granadino se ha enrocado en la búsqueda de varios millones —casi 13— de euros perdidos. El escándalo —que hoy ha saltado a medios nacionales, pero sobre el que el medio digital El Independiente de Granada informa con minuciosidad desde hace varias semanas— alude a la situación financiera de la Fundación Lorca, dependiente de los herederos del poeta y presidida por su sobrina Laura, y que no ha justificado subvenciones por valor de 5,7 millones de euros.

Esta cantidad se desglosa en dos ayudas: una equivalente a 1,7 millones de euros, la que aportó el gobierno de España entre 2011 y 2013 para construir el edificio o dotarlo de contenido, sin haber recibido la documentación necesaria y exigiendo su devolución —con intereses— al haber concluido el procedimiento administrativo para justificar dicha cantidad; y otra de la Junta de Andalucía, que alcanza los 4 millones de euros, aunque el expediente de devolución —que afecta a 1,5 millones de euros— no es definitivo, y todavía permite alegaciones. En el caso del dinero que tiene que devolverse al Ministerio, la única solución es acudir al juzgado. En el de la subvención de la Junta, Javier Martín-Arroyo cuenta en El País que la Fundación Lorca presentó como justificación de gastos «facturas por intereses bancarios que ascienden a un millón, la nómina de 4.500 euros netos mensuales del secretario y viajes de personal de la fundación a México y Estados Unidos».

Por su parte, la constructora Ferrovial decidió no entregar las obras diez días antes de la fecha prevista de apertura, al no haberse satisfecho parte (3 millones de euros) del sobrecoste de las mismas: 4,5 millones de euros que se sumaban a los 18,5 millones presupuestados inicialmente; una diferencia que asumieron todas las instituciones implicadas en el consorcio, excepto la Fundación Lorca. Se da la paradoja de que la ley impide que las administraciones aporten más dinero al Centro Lorca para pagar a Ferrovial, si la Fundación no ha justificado antes sus gastos. A todo esto, por si fuera poco, La Caixa aún no ha cobrado un crédito 4 millones de euros, que concedió a la Fundación Lorca como adelanto de unos fondos europeos, y del que no se ha devuelto ni un céntimo.

Que el edificio destinado al Centro Lorca continúe cerrado no solo destapa la particular caja de los truenos del proyecto, con 5,7 millones de euros en subvenciones por justificar, 4 millones de euros por devolver a La Caixa y 3 millones —1,3 millones de la Junta, 700.000 euros del Ministerio y 400.000 euros de la Fundación— por pagar a la constructora, sino que compromete otras ayudas recibidas. Por ejemplo, Noruega había concedido —a través del Espacio Económico Europeo— una subvención de casi 5 millones de euros para equipamiento y programación del Centro Lorca, que deben invertirse antes de que termine el año 2015. Esta cifra, a diferencia del resto, ha sido gestionada por el consorcio, y no por la Fundación Lorca.

Otro aspecto llamativo es que la inauguración del Centro Lorca, que llegaba con cuatro años de retraso sobre la fecha prevista, se había previsto sin asignar gerente —que debía ser nombrado por el Consorcio— ni director artístico —que, en un principio, se seleccionaría desde la Fundación—, por lo que nos habríamos encontrado ante el enésimo contenedor cultural levantado en nuestro país sin una programación que lo respaldara.

Ante la situación, el consorcio del Centro Lorca ha encargado una auditoría de las cuentas de la Fundación, para esclarecer qué ha ocurrido con ese dinero, mientras la propia Fundación afronta otra auditoría solicitada por su Patronato. Las instituciones implicadas en el consorcio votaron el pasado mes de febrero los nuevos estatutos, que aprobaron —con el voto en contra de la Fundación— apartar a los herederos del poeta de las responsabilidades del Centro, eliminándoles del Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva, limitándose a la gestión de una parte del programa: la relativa al Instituto de Estudios Lorquianos, creado para investigar la obra de Federico García Lorca y programar actividades de difusión de la misma.

Por último, hoy mismo hemos sabido que la Fundación Lorca ha denunciado por falsedad documental y apropiación indebida a su secretario, Juan Tomás Martín, encargado de justificar las ayudas, y que ha debido gestionar los 27 millones de euros recibidos para la construcción del edificio, su equipamiento y su programación, entre otros gastos vinculados a la actividad de la Fundación Lorca y el Centro Lorca. Mañana martes se celebrarán dos reuniones fundamentales para conocer qué ocurrirá con el Centro Lorca y los casi 13 millones de euros perdidos: una de la Fundación García Lorca y otra, posterior, del consorcio del Centro Lorca.