Las bibliotecas pagarán a los autores

08 de septiembre de 2014. Estandarte.com

Las bibliotecas españolas deberán pagar a los autores por los libros que prestan. Con matices, por supuesto: el Real Decreto 624/2014 —con fecha de 18 de julio, pero publicado en el BOE del pasado viernes 1 de agosto—, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, excluye a las bibliotecas de centros de enseñanza —desde colegios e institutos a universidades— y a las de pueblos con menos de 5.000 habitantes, así como a los préstamos que soliciten personas con discapacidad y a las consultas in situ. En cambio, implica a museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas.

Los beneficios serán recaudados por las entidades de gestión de derechos de autor —pensamos, de manera evidente, en CEDRO—, que retendrán un porcentaje del dinero recaudado y lo repartirán con un criterio objetivo, proporcional y de público conocimiento. El pago se realizará teniendo en cuenta dos aspectos: por el número de usuarios —0,05 euros cada uno—, incluso si los libros que se llevan a casa forman parte —obras de Cervantes, Quevedo, Bécquer, etcétera— del dominio público, y por el número de libros sujetos a derechos de autor que se ofrezcan para préstamo —0,004 euros por título—. La cuantía se calculará anualmente, y se hará efectiva a lo largo del primer semestre del año siguiente. Por cierto: la Ley de Propiedad Intelectual ya fijó en 2007 un pago de 0,2 euros por cada ejemplar.

 

Mientras el pago por obra prestada no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2016, el pago por usuario es una realidad desde el sábado 2 de agosto, día siguiente a la aprobación de la ley. Hasta esa fecha, leemos en el BOE, el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada establecimiento. En román paladino: 0,16 euros por cada libro nuevo que compre la biblioteca, suponemos que también por el que se done por parte de un usuario generoso...

Dos sensaciones ante este Real Decreto: por una parte, la necesidad de que el autor obtenga una remuneración justa a su trabajo. Los escritores constituyen uno de los eslabones más débiles en la cadena del libro, invirtiendo años de labor para conseguir a cambio, y con suerte, un adelanto exiguo y un 10% del precio del libro, que no se logra en la mayoría de los casos. El Real Decreto contempla a los autores de obras no incluidas en el dominio público, como hemos especificado. De igual forma, los derechos de los escritores extranjeros recaerán en el traductor correspondiente.

Sin embargo, esta medida hiere de muerte a las bibliotecas españolas. Con un presupuesto en equilibrio debido a los recortes, sin ayudas para ampliar fondo o realizar actividades de animación a la lectura, el poco dinero del que disponen se tendrá que destinar al pago de esta tasa, que acabará con cualquier posibilidad de comprar nuevos títulos, dinamizar el espacio e incluso mantener su personal, a no ser que prescindan de parte del catálogo de la biblioteca o cobren a los usuarios por el servicio.

De hecho, editores como Valentín Pérez, de Minotauro Digital, han mostrado en público su desacuerdo, señalando a las entidades de gestión como únicas beneficiarias.

La directiva que impone la aprobación de este Real Decreto viene de Europa y se aprueba con siete años de retraso. De hecho, se señala al inicio del Real Decreto que el artículo 1.1. de la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor. España se negó y fue expedientada por ello; no fue el único país en rebelarse. De hecho, la Unión Europea demandó a Bélgica ante el Tribunal de Luxemburgo por no implementar la directiva. Al final, no ha quedado más remedio que acatar la Directiva de la UE.

No obstante, existe esperanza para quienes temen las consecuencias negativísimas de este pago de las bibliotecas a los autores, en teoría, parece que más bien a las entidades de gestión.

Estaremos atentos a las propuestas de la Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas, que a buen seguro preparará acciones contra el controvertido pago de las bibliotecas a los autores.